Por un lado, hay un creciente aumento de chantajes, secuestros y asesinatos por bandas organizadas de delincuentes (ya casi como al sur del río Grande), el multimillonario negocio del narcotráfico gracias a la gran e imparable producción de coca en nuestro país (unas veces más y otras menos que nuestros vecinos del sureste y el noreste), así como la imparable tala ilegal de los bosques, el auge de la minería informal e ilegal que no solo deforesta y contamina como la formal y legal, sino que además de no tributar ni utilizar tecnología idónea, se relaciona precisamente con la corrupción, el narcotráfico, la extorsión, el homicidio, el sicariato, el trabajo infantil, la trata de personas, el robo de tierras, etc.
En lo que va del presente año han sido asesinados 15 choferes de transporte público por extorsionadores que también amenazan a colegios particulares, clínicas, grupos musicales (ya mataron a un integrante famoso), discotecas, farmacias, bodegas, boutiques, barberías, pollerías, restaurantes y otros negocios. El año pasado se registraron más de 2,000 homicidios y hasta marzo de este año 475, siendo 164 en Lima.
Por otro lado, hubo más de 100 niños intoxicados en 2024, y unos 120 por alimentos contaminados dados por el Estado en diversos lugares del país hace unos días y las centenas de menores afectados por los metales tóxicos producto de la actividad de las mineras transnacionales en Cerro de Pasco y La Oroya no son novedad. Ocho personas murieron al caerse el techo de un centro comercial de una importante corporación en febrero en Trujillo, cuatro personas –incluyendo una bebé—fallecieron en marzo por suero defectuoso de una importante farmacéutica.
Obtener citas médicas en diversos centros estatales de salud, se ha vuelto un calvario para los pacientes que no pocas veces no solo tienen que esperar semanas sino hasta meses para ser atendidos. Hay una gran incongruencia entre lo que se le enseña a los niños y adolescentes en el colegio y los cursos en que necesitan prepararse para el examen de ingreso a la universidad a la que solo ingresan una cantidad limitada de alumnos, así que la mayoría de los que quieren obtener una vacante se preparan pagando a una academia preuniversitaria particular o de la misma universidad, estatal o privada, a la que desean postular (hay un proyecto de ley para cambiar el modo de ingreso: los postulantes tendrían que pagar un costo mínimo en tales academias para llevar un ciclo preuniversitario, ingresando los que aprueban con nota mínima de 13). Y aunque el año pasado, el Congreso creó 21 universidades nacionales más hasta la fecha, cuando este mes ya están empezando las clases, el Ministerio de Economía y Finanzas no otorga el dinero para pagar a los docentes universitarios nombrados excepcional y recientemente por la ley 32171 en las universidades ya activas, añejas y de reciente fundación.
Nuestra democracia es muy incipiente: además de que la participación ciudadana no fue total en las elecciones generales (30% no votó en la primera vuelta) éstas solo se dan de cada cinco años para elegir a presidente y parlamentarios, y cuatro para gobernadores regionales y alcaldes, y adicionalmente las reglas de juego electorales están siendo cambiadas para que no todos los partidos políticos participen. Ni hablar de las leyes importantes que se discuten, aprueban y promulgan sin consultar a los ciudadanos (claro no estamos en la rica Suiza donde se estila hacer referendos pero tampoco en la desarrollada Suecia donde los parlamentarios no tienen los asesores, secretarias y los diversos beneficios pecuniarios como sus pares del Perú).
Ante todo lo anteriormente enunciado, ¿qué podemos diagnosticar? ¿Que nuestro país está al borde de su colapso? ¿Qué se puede hacer para no seguir cayendo en la inseguridad en los centros comerciales, las calles y en los centros de salud estatales y privados donde la gente espera ser atendida, curada y no muerta? ¿Qué pasa con nuestras altas autoridades que tienen el cargo y así la responsabilidad de velar por la seguridad, la salud y la vida de todos los peruanos? ¿Acaso no tienen imaginación creativa, capacidad técnica, los recursos materiales y ganas de solucionar los problemas más graves de nuestro país? ¿No pueden declarar la guerra total a los criminales locales y foráneos que han implantado la amenaza, el terror y la muerte en las calles de ciudades costeras como Lima y Trujillo? Caso contrario, ¿no deberán tener la honestidad de renunciar a sus puestos políticos y pasar la posta a los más capaces? De ese modo se adelantarían las elecciones, pero difícilmente lo harán y sin verdaderos partidos políticos realmente organizados con gente preparada técnicamente, tanto honestas como valientes, amantes de su país y solidarios con sus habitantes, pero también carentes de un plan de gobierno con propuestas concretas para cambiar y mejorarlo, tendremos más de lo mismo: autoridades improvisadas, incapaces, débiles moralmente, inclinadas a la corrupción o, lo que es peor, con antecedentes y nexos criminales.