Nos tomaron el pelo

Una aprobación de manera distorsionada, con maniobras oscuras y cálculos políticos, busca “eliminar la inmunidad parlamentaria”.

La inmunidad cuya justificación es solo histórica, son excepciones, prerrogativas o privilegios que nacen con la finalidad de evitar que nuestras autoridades sean perseguidas o arrestadas por sus opiniones, lamentablemente hoy se encuentra cubierta con el velo de la impunidad, creado mecanismos legales que blinda a delincuentes.

Los ciudadanos exigimos una reforma constitucional, donde exista igualdad y democracia, las que se han visto seriamente afectadas, a causa de la corrupción, las malas prácticas, el aprovechamiento, pero sobre todo por conductas delictivas estrictamente personales de nuestros padres de la patria, se ha vuelto una estrategia el ocupar un cargo público con la finalidad de no ir a la cárcel. Pese a que mayoría de congresistas han asumido el compromiso en sus campañas electorales para cambiar el sistema político y judicial; entre gallos y medianoche, demostraron con su aprobación sus ánimos de dar la espalda al pueblo.

Los cambios establecidos en nuestra Constitución Política recientemente, como el Artículo 93, demuestran una extensión de la inmunidad, ampliando ésta a acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria; delegan a la Corte Suprema de Justicia, la competencia exclusiva de procesos penales por delitos comunes, dejando de lado los delitos especiales, como corrupción. Asentando con ello sus ansias de poder y su protección a políticos.

Ejecutar un presupuesto es muy diferente que fiscalizar, en el Artículo 99, los Ministros de Estado no cuentan con antejuicio político, ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo. Lo que ocasionaría un arrinconamiento al ejecutivo, quienes ocuparían mayor tiempo en defenderse de miles de denuncias, que en gestionar sus propios ministerios.

La posibilidad de denunciar al Presidente de la República, lo deja fácilmente maniatado y suprimido, generando una ingobernabilidad, tal como figura en la modificación del Artículo 117, donde puede ser acusado por delitos contra el patrimonio del Estado cometidos durante su mandato o con anterioridad. Poniendo contra la pared a cualquier mandatario, haciendo inviable un gobierno. Clara actitud defensiva del congreso, evidenciando un enfrentamiento, que nace con espíritu de venganza, resentimiento, desprecio, arrogancia y manipulación.

Suprimieron de los Artículos 161 y 201, la inmunidad de la cual gozaba la Defensoría del Pueblo y El Tribunal Constitucional respectivamente, lo que desestabiliza la independencia y los poderes del Estado, los atan de manos, para evitar que levanten la voz, frente a actos inconstitucionales, son ellos “quienes nos defienden”.

El gobierno es uno solo, legislativo, ejecutivo y judicial, no son adversarios, por lo que debe existir colaboración. No se vuelven a reelegir ni presidente, ni congresistas, la política de confrontación es la peor decisión, orilla a un fracaso inminente de la gestión, demostrando su total inmadurez. No se sabe quién gana; lo más probable son los miembros de partidos políticos que están a espera de un sillón, lo que si queda claro es quien pierde, el pueblo.

La reforma política no es un ideal populista, tampoco una herramienta para acomodar intereses propios, menos una campaña electoral, su correcta aprobación será inevitable, pero con un debate claro y responsable, con un espacio de tiempo prudente para discutir su viabilidad, no es necesario destruir la constitucionalidad.