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Fue derogada la Ley de Promoción Agraria, vigente por casi 20 años y que pretendía extenderse por 10 años más; la misma que ha beneficiado a empresas agroindustriales con miles de millones de soles en exoneraciones tributarias y reducción de pagos por derechos laborales, disfrazados de porcentajes adicionales a una remuneración que no cubre la mínima vital.
La problemática empieza a aflorar a raíz de diversas investigaciones científicas, en especial una realizada a inicios de 2019, cuyo objetivo principal era el estudio del agua, y que de manera secundaria abordó las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en Ica, estos resultados se presentaron en Suecia; generando reacciones de diferentes actores en el sector empresarial, que tienen relación comercial con empresas productoras en Perú; es ahí donde se reconoce niveles de explotación y se decide poner en alerta la afectación de los derechos humanos.
Si bien es cierto, esta ley en su momento contribuyó al desarrollo formal del sector agrícola, por su carácter intensivo, fortaleció la cadena de valor, aportó de manera considerable al producto bruto interno, la recaudación tributaria se incrementó, creó puestos de trabajo formales, redujo la pobreza en el agro, entre otros; pero no midió oportunamente el impacto de la diferencia laboral con otros sectores.
No hubo predicción de lo que iba a pasar, una protesta generalizada, que diversos críticos, tildaron de complot comunista e incitación de demagogos; falló el modelo que adoptó un régimen no beneficioso sin sustento técnico, que no buscó la calidad del empleo, que generó un malestar, fermentando mortificación e intolerancia frente al abuso, desigualdad y falta oportunidades. Clara carencia de licencia social.
Al margen de una ley abusiva, empresas incumplen lo reglamentado, el Estado a través de Sunafil no supervisa ni sanciona la informalidad. A puertas del bicentenario, urge buscar condiciones laborales adecuadas, con un salario digno, no solo para trabajadores en términos fijos, sino, también para los trabajadores estacionales; no es justo que el trabajo en el campo no sea valorado, no más esclavos en tiempos modernos.
¿Cuál es la solución? El diálogo formal con representantes sindicales, quienes llevan la voz de trabajadores organizados, esta comunicación centralizada, es menos complicada que la comunicación singular o personalizada; el sindicato debe cumplir un rol constructivo y democrático, contribuir en la toma de decisión empresarial, a través, de contratos colectivos que definen mejor, las relaciones y condiciones de trabajo, velando por sus derechos de manera consensuada a través, de una negociación; en el pasado quedó el estilo patriarcal y las relaciones verticales.
La producción agrícola está en avance, el horizonte de la inversión es a largo plazo, al observar a nuestros socios comerciales pujantes, veremos que ninguno compite precarizando el empleo, se manejan en un entorno de predictibilidad, planificación y sobre todo estabilidad. Se basan en el enfoque ganar-ganar; que genera valor compartido; los trabajadores tienen un interés legítimo, que es su bienestar, es vital cumplir esa función social; ya no más explotación que la ley permita.
La producción agrícola es el bastón de la economía en la Perú por ellos se debe dar más valor, atender sus necesidades y proteger a nuestros hermanos con una ley digna.