Según el Diccionario de la lengua española, la corrupción es, “en las organizacio-nes, especialmente en las públicas, una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”; el Cambridge Dictionary la define como el “comportamiento ilegal, ma-lo o deshonesto, especialmente de personas en puestos de poder”; y para Trans-parencia Internacional «la corrupción es el abuso del poder confiado para benefi-cio privado. Se puede clasificar en grande, pequeña y política, dependiendo de la cantidad de dinero perdido y del sector donde se produce».
¿Cuáles serían las causas de la corrupción en el Perú? ¿Una larga tradición de robo, saqueo y abuso que se remonta a la llegada de los conquistadores hispanos, que continuó con la fundación de la república y sigue hasta hoy a través de malos servidores públicos que utilizan sus cargos para enriquecerse ilícitamente? ¿Una educación moral familiar y escolar deficiente en la infancia y la adolescencia? ¿El mal ejemplo de autoridades que delinquen impunemente? ¿Una falta de autocontrol y mesura de los burócratas en el poder? ¿Su irrespeto, incumplimiento y violación de las leyes y las buenas costumbres a cambio de la obtención de millones? ¿Investigaciones lentas y juicios largos que les favorecen? ¿Su fuga del país al ser acusados, investigados o sentenciados por corrupción? ¿O un sistema supuestamente democrático que en realidad favorece políticamente a los poderosos económicamente y, por eso, pueden comprar favores y privilegios?
Ciertamente, con la llegada de los conquistadores y los curas españoles empezó la corrupción organizada, pues además de que cada quien tomó su parte de tierra y de un número de habitantes originarios (a quienes llamaron indios y que los hicieron prácticamente sus esclavos con dignas excepciones), las diversas autoridades coloniales se apoderaron incluso de parte de los tributos que debían llegar al rey, todo ello durante los tres siglos que duró el Virreinato del Perú. Con la fundación de la República peruana, se venció y expulsó a los invasores hispanos y los nuevos corruptos fueron entonces los miembros de los nacientes gobiernos criollos.
Al llegar a ser costumbre e institucionalizarse la corrupción gubernamental republicana pasó a ser parte de la idiosincrasia no solo de los gobernantes sino de los gobernados (aceptando que “todos roban” o “roba pero hace obra”). La corrupción tiene diversas formas de expresarse: el uso ilegal de información privilegiada, el patrocinio, el soborno, el tráfico de influencias, la malversación de fondos, los sobre costos, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad, el despotismo, el favoritismo, el tráfico de influencias, la falsedad ideológica y genérica, la negociación incompatible, etc.
La corrupción permite y favorece a su vez organizaciones criminales que cometen delitos como el narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de dinero, la prostitución ilegal, la piratería, el fraude, la falsificación de documentos, el sicariato, la extorsión, el secuestro, las muertes por negligencia (en construcciones millonarias mal hechas), etc.
Por otra parte, no es novedad que muchos candidatos políticos desean tener una mayor y mejor propaganda para ganar las elecciones, así, hay partidos políticos que reciben “donaciones” pecuniarias por parte de empresas nacionales y/o foráneas a las que les favorecerán posteriormente cuando obtengan el poder. O cuando hay sorpresas y obtiene la presidencia alguien inesperado, un outsider (en inglés, advenedizo), puede ser rápidamente captado y coptado por el engranaje político y económico antipopular y antipatriótico que lo compra o lo presiona y le induce a rematar nuestros recursos naturales y favorecer la explotación y el recorte de los derechos de los trabajadores. Los tentáculos, entonces, de ese engranaje pueden llegar a manejar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial posibilitando el mantenimiento de la corrupción, muchas veces financiada por intereses minoritarios domésticos y foráneos.
Casos de corrupción han aparecido por todas partes del aparato estatal: palacio de gobierno, congreso, ministerios, municipalidades, gobernaciones, hospitales, centros de salud, colegios, universidades, policía, milicia, etc. Hay diferentes niveles y clases de corrupciones: faltar o irse del trabajo antes de la hora de salida sin justificación real y con la complicidad de los jefes “amigos”, pagar u otorgar una dádiva para que atiendan más rápido a uno la solicitud de un servicio, para que un pariente, amigo o recomendado sea favorecido con un puesto laboral o incluso vacante de estudios, para evitar una multa de tránsito, o el inicio de un proceso judicial, para obtener un resultado favorable en un concurso de licitación de un megaproyecto o la sentencia de un caso judicial, etc.
Son conocidos los casos de corrupciones particularmente execrables como los de directores de hospitales que cobraban dinero para atender más rápido los internamientos o tratamientos de enfermos graves, o los de congresistas que cobraban a sus propios empleados o asesores parte de sus sueldos, o peor aún los de docentes que califican a alumnos, con notas que no merecen, a cambio de dinero, regalos u otra clase de favores.
Vemos pues, que la corrupción puede darse cuando se necesita de alguien que trabaja para el Estado y tiene el poder de hacer cosas, facilitarlas o evitarlas, a cambio de recibir algún beneficio personal, sea de tipo pecuniario, laboral, académico, sexual, etc. Y de esa manera se cumple el dicho del historiador y político inglés John Dalberg-Acton (1834-1902): “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Es decir, cuanto más poder tenga el corrupto, menos control puede haber sobre él y así hará más de las suyas. Por lo que la solución práctica y concreta sería la disminución del poder de las autoridades y más poder para los ciudadanos a los cuales debieran servir y no aprovecharse.
Existen muchas buenas leyes en el Perú, como, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero a la vez podemos ver que no las hay o están desactualizadas en las páginas web de muchas instituciones públicas. Así, por ejemplo, cualquier ciudadano, la contraloría o la fiscalía respectiva de oficio, podrá hacer la denuncia respectiva sea por no haber la información pública o, de haberla, por encontrar sobrecostos en las compras de la institución (comestibles, muebles, pasajes de avión, etc.).
Son necesarios, entonces, mejores mecanismos no solo para reprimir a las autoridades que ya violaron las leyes sino para prevenir que lo hagan habiendo más transparencia en la información pública y mayor organización y participación ciudadana (recordemos que democracia en griego significa poder del pueblo), como, por ejemplo, cambiar periódica y frecuentemente los cargos de mayor, mediano y bajo rango en las instituciones públicas (no debieran ser vitalicios cuales reyes, señores feudales o curacas, ni durar más de dos o tres años).