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Realmente lo que sucede en nuestro País es algo muy lamentable por la actuación equivoca de los políticos que conforman el Congreso actual, pareciera que más les interesó los intereses personales que los grandes intereses nacionales, claramente el pueblo expresaba y con razón y mejor tino que los políticos actuales sobre la no vacancia presidencial,
no por estar a favor del ex presidente Vizcarra sino por la estabilidad política y económica de nuestro País, que esta tan venido a menos por la crisis económica y falta de empleo ocasionada por los pandemia de la COVID-19, muchos analistas políticos así lo manifiestan por los medios de comunicación y las redes sociales y en las calles de las principales ciudades de nuestra patria, manifiestan abiertamente su rechazo al congreso y lo tildan de golpistas, porque la Constitución peruana es clara y contundente, un presidente puede ser acusado, pero no vacado, solamente investigado al término de su mandato, entonces la pregunta es, el Congreso ¿habrá violado la Constitución vigente con esta medida?,
Del mismo modo surge otra interrogante de si el actual gobierno tiene legalidad y legitimidad, para gobernar, requisito indispensable para un gobierno estable y representativo de todos los peruanos, parece que no, por la situación mencionada y la protesta de la población, entonces ¿en qué escenario estamos, de un gobierno de facto y golpista? Que sucederá en estas circunstancias en nuestro País, si le sumamos otro ingrediente actual como es el paro agrario nos encontramos en una encrucijada no prevista.
Algunos entendidos en la materia mencionan que “Es una situación absolutamente lamentable, de confusión y de anarquía. En gran parte, el desconcierto de la opinión pública internacional se debe a esta situación absolutamente insólita, por la cual un Congreso se ha pronunciado de una manera tan absurda y clarísimamente en contra de la Constitución y de la legalidad peruana”.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortó al Tribunal Constitucional a dirimir respecto a la legalidad y legitimidad de los últimos acontecimientos políticos en el Perú, su pronunciamiento respecto a la demanda competencial que interpuso el Ejecutivo en setiembre respecto a la vacancia por “permanente incapacidad moral”, volvió a pronunciarse luego del golpe de Estado orquestado contra Martín Vizcarra desde el Congreso, “Reiteramos nuestra profunda preocupación ante la nueva crisis política en Perú a cinco meses de la celebración de elecciones.
En esta compleja coyuntura, los actores políticos son responsables de asegurar el funcionamiento democrático por el bien del país, así como de garantizar la realización de las elecciones nacionales convocadas para el 11 de abril de 2021”, puntualizando que las elecciones generales 2021 deben respetarse y garantizarse.
Finalmente, se condena la actuación de la Policía Nacional del Perú en estas manifestaciones del pueblo sobre todo los jóvenes, en contra de la asunción de mando en el gobierno del Sr. Merino, que evidencian el total rechazo al gobierno de facto en esta circunstancia que perjudica la estabilidad del País, se sabe que pocas naciones de América Latina han reconocido al expresidente del Congreso, lo cual, a claras luces, significa una reprobación a lo ocurrido en el Parlamento.